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Acusaron por extorsión a dos obreros rurales

20/10/2011 Opina

Una resolución de la Cámara del Crimen de San Martín, tomada en el contexto de la industria del juicio que opera en la zona Este, promete sentar precedentes, luego de que el juez Eduardo Orozco ordenó el procesamiento por extorsión, de dos obreros rurales que, entre otros hechos delictivos señalados por el magistrado, hicieron reclamos por una relación laboral que resultaría «falsa e ilegítima».

José Bourrel y su padre Rodolfo, acusados de extorsión, llegaron a cobrar $10.000 tras un arreglo extra judicial al que llegaron con su empleador, pero el magistrado asegura que aquello fue en realidad parte de una extorsión y ahora tendrán que ir a juicio y de ser encontrados culpables, se exponen a una condena que puede ir desde los cinco a los diez años de cárcel.

El dato a tener en cuenta y que podría marcar una bisagra en la investigación de este tipo de casos, es que Orozco procesó a estas personas (padre e hijo), luego de revocar un sobreseimiento que había dictado la justicia correccional.

«Estas personas nunca trabajaron la cantidad de días que aseguran, pero como se investigó muy mal, el empleador tuvo que llegar a un arreglo y pagar, ante la posibilidad de perder mucho más dinero porque le reclamaban $40.000», explicaron desde el entorno del juez y agregaron que en la misma resolución, se dictó el sobreseimiento del abogado de los Bourrel, Mauricio Stoisa.

Casa ocupada

El asunto arrancó el 9 de diciembre de 2008, cuando José Bourrel y su padre Rodolfo comenzaron a trabajar en la finca de Diego Martínez, en una zona rural de San Martín, ocupando la casa que había en el lugar y realizando tareas rurales. Orozco señala que luego de una discusión, esa relación laboral ya se había disuelto el 16 de diciembre, aunque los Bourrel siguieron viviendo en el lugar y trajeron consigo a otros familiares.

A partir de entonces y según el análisis que hace el juez Orozco, los Bourrel incurrieron en una serie de delitos que van desde las amenazas contra el dueño de la finca, pasando por el hurto de una serie de elementos que había en la propiedad hasta llegar al colmo de alambrar los alrededores de la casa que mantenían ocupada, para evitar que Martínez pudiera ingresar.

Si bien todos estos delitos fueron denunciados oportunamente por Martínez, la Justicia prácticamente no hizo nada al respecto, al punto tal que en su resolución, el juez Orozco califica como «francamente lamentable» a la investigación realizada en su momento y señala que los Bourrel habían quedado «en una posición dominante» respecto a Martínez.

Finalmente y ante una demanda por $40.000 presentada por los Bourrel y con la posibilidad de que siguieran de forma indefinida ocupando parte de su finca, Martínez hizo un arreglo extra judicial por $10.000 en marzo de 2009, tras lo cual los Bourrel abandonaron el lugar.

«Esta resolución no atenta contra los reclamos justos que realizan muchos trabajadores que ven vulnerados sus derechos, sino que va contra los que se exceden y reclaman tareas que nunca realizaron, muchas veces con la orientación de algún abogado», cerraron desde la Cámara del Crimen.

 

Fuente: Diario Los Andes.-