HomeSOCIEDAD

Aborto: argumentan a favor y en contra de la despenalización

03/11/2011 Opina

Si bien desde 2007 existe una guía para la atención integral de los abortos no punibles, que fue elaborada por el Ministerio de Salud de Nación, en la práctica no se aplica. De hecho, la mayoría de las interrupciones del embarazo se realizan en forma clandestina, lo que se traduce en riesgos para la salud y la vida de las mujeres.

De ahí que desde ciertas organizaciones sociales insistan en la necesidad de asegurar que las féminas puedan interrumpir en forma segura la gestación en las primeras 12 semanas. Mientras, otras entidades apuntan al derecho del niño y la salud de las madres.

El martes, la Comisión de Legislación Penal -una de las tres que intervienen en los proyectos de despenalización del aborto- dio un dictamen favorable a la propuesta de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Las dos comisiones restantes -la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y la de Acción Social y Salud- no abordarán el tema este año, por lo que la cuestión quedará pendiente hasta el año que viene.

La legislación vigente establece que el aborto no es punible cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, el embarazo es fruto de una violación o se trata de una persona con una discapacidad mental.

Alicia Motta, jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, explicó que en los hospitales públicos se pide pruebas fehacientes de problemas de salud, de la discapacidad o la denuncia policial en caso de tratarse de una violación (aunque sólo debería requerirse una declaración jurada).

Pero la profesional detalló que en la guía de Nación se aclara que el peligro para la salud de la mujer se interpreta en un sentido amplio. «Supone una perspectiva del derecho a la salud y un enfoque de los determinantes de la salud consistente con una visión integral de la salud que, según lo previsto por la Organización Mundial de la Salud, debe ser entendida como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones». Sin embargo, pese a que este documento está vigente, los profesionales no lo aplican por temor a repercusiones legales.

Por otra parte, cuando una mujer acude a atenderse porque tiene una patología producto de una complicación por un aborto, se la trata y se la asesora sobre métodos anticonceptivos.

Qué implica despenalizar

La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci explicó que «despenalizar no significa aprobar sino afirmar que se trata de una conducta que no debe ser calificada como delito del Derecho Penal por parte del Estado». Sin embargo, aun cuando esto se decida, queda pendiente la cuestión de si sería obligación del Estado practicar la interrupción del embarazo en los hospitales públicos.

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia detalló que los tribunales alemanes sostuvieron que no existía tal obligación. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contradijo ese argumento cuando en 2007 condenó a Polonia por no contar con la infraestructura necesaria para que los casos que están despenalizados -en ese país, los que implican grave riesgo para la vida y la salud de la madre, y graves malformaciones del feto- puedan practicarse en forma segura en los hospitales.

Para llegar a esa decisión, se basaron en un informe de la Red europea de expertos independientes en Derechos Fundamentales, que establece que en las situaciones en que se autoriza el aborto, la mujer debe tener acceso a estos servicios médicos sin discriminación y sin necesidad de viajar a otro lugar porque no están disponibles donde vive. Ese mismo documento fija también que todo Estado que prohíbe el aborto debe monitorear el impacto que esta decisión tiene en la práctica de la interrupción del embarazo y compartir esta información para fomentar un debate público.

En cuanto a su opinión personal, Kemelmajer indicó que desde hace muchos años adhiere a la despenalización del aborto. Desde un punto de vista jurídico, planteó que el derecho penal es una última instancia, la «sanción mayor con la que el Estado responde a una conducta que se estima reprochable». Aclaró que no se trata de acciones «éticamente reprochables», sino de las que «conmueven a la sociedad de modo especial» y por ello se utilizan sanciones que apuntan a la prevención.

Asimismo, consideró que en el país no se pena al aborto en sí mismo sino a la pobreza, ya que la mujer que tiene posibilidades económicas consigue un médico que practica la intervención en forma segura. Mientras, las carenciadas recurren al aborto clandestino, inseguro, con lo que ponen en riesgo su vida y su salud, no sólo reproductiva.

La prohibición, agregó, tampoco previene nuevos abortos, porque ninguna mujer deja de interrumpir un embarazo debido a que está sancionado penalmente. Por otra parte, aquella fémina a quien sus convicciones le impiden recurrir a esta opción, no lo hará aunque la ley lo permita.

Distintas visiones

Silvina Anfuso, de la agrupación Las Juanas, consideró que el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo se esté discutiendo en la Nación es importante. Esto, porque indicó que hoy los abortos se practican de todos modos, aunque en forma clandestina. De hecho, se estima que en el país se realizan unas 500 mil interrupciones anuales del embarazo, una cifra muy cercana a la de nacimientos.

De ahí que indicó que solicitan que se legisle sobre una realidad que se debe transparentar. «Pedimos que el aborto sea legal, gratuito y seguro hasta la semana número 12, para que las mujeres no sientan una carga social o una persecución. Es una deuda de la democracia», subrayó.

Anfuso destacó que se registran 80 mil atenciones anuales en Argentina por complicaciones del aborto clandestino y que hay un mayor porcentaje entre las más jóvenes y mujeres de bajos recursos. Anfuso manifestó que no cree que la legalización implique que esta práctica se empiece a utilizar como una metodología de control de natalidad sino que, por el contrario, si se acompaña con educación sexual y el fácil acceso a métodos de anticoncepción, podría disminuir.

El slogan que resume la propuesta que elevaron a los legisladores nacionales con otras agrupaciones es «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».

Bárbara Bajda, del Frente Joven Mendoza, planteó que ellos también apuntan al riesgo que el aborto implica para la vida de la madre y para su salud física y psicológica. Pero están en contra de la interrupción del embarazo porque consideran que se debe pensar en el derecho a la vida del bebé desde el momento de la concepción.

Bajda indicó que es fundamental una educación en las escuelas que reconozca la sexualidad no como algo genital, sino como un encuentro de dos personas, que realmente tienen un vínculo, y que fruto de ese amor surge la vida.

En ese contexto, consideró, no se puede producir un embarazo no deseado. Agregó que, en el caso de que no puedan sostener económicamente al niño, el Estado debe asegurar que la manutención sea posible. La entidad Frente Joven Mendoza es a-política y a-religiosa y nació con el objetivo de defender los valores de la familia en el contexto de la discusión del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Emma Cunietti, quien fue titular de la Dirección General de Escuelas durante la gestión de Julio Cobos y candidata a diputada nacional en las últimas elecciones, se mostró en desacuerdo con que se permita la interrupción voluntaria del embarazo, pero también con que se penalice a las mujeres que se practican un aborto.

«Creo que uno puede tener soberanía sobre su propio cuerpo, pero no sobre el cuerpo de otro, y un embarazo supone a un otro», indicó. Cunietti, quien hoy se desempeña como docente, destacó que no habla desde un punto de vista religioso sino como una madre que tuvo muchas dificultades para quedar embarazada, al punto que cuando lo logró dejó hasta de manejar para cuidarlo.

Pero apuntó que hay que trabajar sobre la prevención y para facilitar una adopción abierta y sin la carga del abandono de persona que hoy conlleva. Para ello, señaló, la mujer que concurre a un hospital público tiene que ser acompañada y asesorada sobre las opciones que tiene, y que no se la criminalice cuando no existe este sistema de contención.

 

Fuente: Diario Los Andes.-