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Contadora de San Martín tendrá que Pagar $898.195,80

13/09/2012 1 Comentario

El Tribunal de Cuentas de la Provincia condenó a cuatro ex funcionarios y contadores de la Unidad de Financiamiento Internacional, a devolver un monto superior a los 2,5 millones de pesos.

En la Justicia penal en tanto hacen los últimos ajustes para llevar a los acusados a juicio oral y público a la contadora oriunda de San Martín, María Florinda Rubio y otros tres ex funcionarios

El Caso

A mediados de 2011, la gestión de Celso Jaque denunció fraude en la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional) por $ 850.000. Según Hacienda, los funcionarios desviaban fondos a sus cuentas particulares.

Los acusados fueron dos tesoreros: Marcelo Martorell y Federico Acuña; la directora de Administración, María Florinda Rubio y la contadora general, María Soledad Pastrana.

El por entonces ministro del área, Adrián Cerroni, denunció en la Justicia que había empleados con poder de decisión que emitían cheques por supuestos «ajuste de retenciones» que debían haber tenido como destino la AFIP pero que terminaron en cuentas particulares.

Fallo del Tribunal de Cuentas. El organismo ordenó pagar $ 2,7 millones a los cuatro involucrados. Lo hizo en concepto de maniobras dolosas porque no pudieron justificar su accionar.

Sentencia administrativa. El ministerio de Hacienda, en tanto, emitió un dictamen que debe quedar firme por la Junta de Disciplina.

Va desde suspensión temporaria hasta expulsión permanente para los responsables de la estafa. Uno de los involucrados renunció al Estado hace más de un año. Además, la Justicia debe pronunciarse sobre el caso.

El Tribunal de Cuentas 

Una sentencia millonaria recayó ayer sobre cuatro ex funcionarios y contadores de la Unidad de Financiamiento Internacional que hace algo más de un año protagonizaron un escándalo de corrupción que terminó en la detención de su principal responsable y los demás acusados por el delito de asociación ilícita.

Mientras la Justicia penal investiga si los imputados Marcelo Martorell, María Rubio, Federico Acuña y María Soledad Pastrana tuvieron una conducta delictiva y desviaron fondos a cuentas particulares bajo falsos pagos de impuestos, el Tribunal de Cuentas de la Provincia ordenó a los involucrados a devolver en los próximos 30 días al Estado mendocino la suma de $2,6 millones.

La sentencia del organismo, que se encarga de auditar las cuentas públicas y reclamar los faltantes, fue firmada por Salvador Farruggia, Mario Angelini (en disidencia parcial), Roberto Ros, Francisco Barbazza y Alberto Zeballos.

En el resolutivo los magistrados ordenaron “formular cargo en forma conjunta y solidaria contra Marcelo Martorell (tesorero) por la suma de $987.693,50; María Rubio (directora de Administración) por $898.195,80; Federico Acuña (subtesorero) por $694.715,83 y María Soledad Pastrana (contadora general) por $89.497,70 y emplazarlos en 30 días a contar desde su notificación para que depositen dichas sumas en el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Corriente Nº628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la orden del Honorable Tribunal de Cuentas”.

El reclamo de devolución de los millonarios fondos es el primero de otros pendientes que están tramitando y que oportunamente también les reclamarán a las mismas personas.

El Tribunal de Cuentas llegó a esta definición tras conclusiones que para cualquier hombre común se tornan escandalosas.

Para empezar indicó en su revisión que “los responsables no presentan documentación de respaldo que justifique la salida de fondos por $886.237,61”. Es decir los cuestionados no pudieron explicar cómo salió ese dinero.

Tampoco “ha sido justificada la falta de foliatura de los expedientes y se detecta que existen pagos de retenciones de impuestos efectuados con anterioridad a la emisión del parte de pago correspondiente, existiendo una irregularidad en la registración contable y la falta de autorización previa del contador antes del pago”.

Agregó el Tribunal de Cuentas que “no se ha justificado la falta de pago en término de las declaraciones juradas de noviembre y diciembre de 2009, y las de los meses de enero a noviembre de 2010, con lo cual se ha ocasionado un daño al Estado provincial por la generación de intereses resarcitorios por $56.228,15”.

“No se acompaña copia del cheque emitido del Banco Nación Argentina a nombre de la UFI) utilizado para cancelar la orden de pago Nº55 por $98.246,60. Esto se requiere para confirmar el nombre del proveedor al cual se le emitió el cheque como también el firmante de dicho cheque. Independientemente de que no se presenta copia del cheque, se verificó que los fondos se extrajeron irregularmente y sin justificar”.

La sentencia del Tribunal de Cuentas no hace más que blanquear el fabuloso monto del presunto desfalco que se cree habría alcanzó los $3,8 millones”.

En la Justicia penal en tanto hacen los últimos ajustes para llevar a los acusados a juicio oral y público.

En Junio del 2011 ARN Diario publicó la siguiente nota:

La contadora María Rubio quedó imputada por la Fiscal Claudia Ríos.

María Florinda Rubio anteriormente se desempeñó en el Hospital Perrupato, ahora cumplía funciones como jefa administrativa en de la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional es la repartición que maneja todos los recursos que llegan desde los organismos internacionales de crédito)

La semana pasada se conoció la irregularidad que conmovió a todo el espectro político mendocino, en un primer momento se mencionó que habría irregularidades por unos $ 850.000, pero con el correr de los días la cifra superó los 2 millones de pesos.

La Fiscal Ríos imputó a 4 empleados de Hacienda caratulando la causa como asociación ilícita, un delito más grave que el caratulado originalmente y que no es excarcelable

La fiscal especial acusó formalmente a los empleados de la Unidad de Financiamiento Internacional que participaron de una estafa millonaria y caratuló la causa como “asociación ilícita” (no es excarcelable), un delito más grave que el caratulado originalmente que era fraude a la administración pública.

Los acusados son Marcelo Martorell, José Acuña (tesorero y protesorero de la UFI respectivamente), María Florinda Rubio y Soledad Pastrana (jefas administrativas de la repartición). Marcelo Martorell quedó detenido mientras que los otros imputados se pudieron retirar a sus domicilios.

La denuncia la realizaron desde el Ministerio de Hacienda, a instancias de una denuncia por Mariflor Rubio, luego de que conociera un informe del Tribunal de Cuentas. Cuando profundizaron en la investigación saltó a la luz que varios cheques salidos desde la repartición fueran a dar a cuentas particulares en lugar de que fueran a para a las cuentas oficiales.

La fiscal entiende que hubo una “organización planificada” para estafar y robarle recursos al Estado. La UFI es la repartición que maneja todos los recursos que llegan desde los organismos internacionales de crédito. En principio se habló de una estafa por 850 mil pesos, pero la cifra sería mucho mayor.

La operación supuestamente la realizaban generando expedientes apócrifos para justificar la emisión de los cheques que en definitiva iban a parar a cuentas particulares.

Mientras tanto la Asesoría de Gobierno se constituyó en querellante en el caso de probable ilícito en la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI). Mediante un decreto el gobernador Celso Jaque instruyó al asesor de gobierno, y por su intermedio a los abogados auxiliares de la asesoría, para constituirse en querellante particular y actor civil en el proceso penal iniciado por el posible desvío de fondos provinciales a cuentas privadas mediante pagos ficticios.

De este modo, la Asesoría de Gobierno será tenida como parte en la investigación. Por eso el decreto indica entre los considerandos que como querellante podrá “procurar acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados, como así también ejercer la acción resarcitoria que pueda corresponder”.

Recopilación de notas

 

Fuente: ARN Diario.-

1 Comentario »

  • pokoperez dijo:

    a la carcel por ladrona