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Rivadavia: se sancionó a una empresa por tener trabajadores en negro

01/03/2013 Opina

Tras una investigación, la subsecretaría de Trabajo determinó que Arnaldo Perea, Valmor S.R.L. Agromen Argentina S.A. y Gispe S. A. son empleadores que han incumplido con la ley y encima habían pedido al Estado beneficios impositivos, los cuales en cumplimiento de la norma fueron denegados.

En cumplimiento con la ley provincial 8.374, sancionada recientemente en la Legislatura, la provincia sancionó a cuatro empresas por comprobarse que tenían irregularidades de trabajo esclavo o infantil con la quita de beneficios impositivos.

Es que el proyecto del legislador justicialista Gustavo Arenas, presidente del bloque de su partido, determina que aquellas firmas en las que la subsecretaría de Trabajo encuentre delitos de esta índole no podrán acceder a quitas impositivas, créditos estatales ni ningún otro beneficio de este tipo.

Así, tras una investigación, la subsecretaría de Trabajo determinó que VALMOR S.R.L, PEREA ARNALDO, AGROMEN ARGENTINA SA y GISPE SA son empleadores que han incumplido con la ley y encima habían pedido al Estado beneficios impositivos, los cuales en cumplimiento de la norma fueron denegados.

En primer lugar, la firma Valmor S.R.L (CUIT 33-60467720-9) se dedica al mercado rural y fue sancionada luego de encontrarse a 27 trabajadores viviendo en condiciones infrahumanas. Esta empresa había pedido ayuda al Fondo para la Transformación, crédito que fue negado de plano luego de conocidos los delitos que cometió.

La segunda empresa sancionada pertenece a Perea Arnaldo Antonio (cuit: 20-11491456-9) y se dedica a la construcción. Con sede en Rivadavia, la firma también perdió la posibilidad de recibir un descuento impositivo por comprobarse que tenía trabajadores en negro.

Por otro lado, la empresa Agromend Argentina S.A tiene sede en Corralitos, Guaymallén, y se dedica al cultivo de frutas y hortalizas (sobre todo ajo). Esta firma había pedido un beneficio para realizar mejoras en sus instalaciones, pero le fue denegado luego de que la subsecretaría de Trabajo comprobara el trabajo esclavo.

Finalmente, la última empresa sancionada es Gispe S.A (CUIT 30-51879363-9), ubicada en Tunuyán, en la cual se encontró hace dos años a 15 personas viviendo en carpas. Esta firma, al igual que las otras mencionadas, no pudo acceder a beneficios por los elementos que descubrieron las autoridades en sus fincas.

Un dato no menor sobre Gispe S.A es que no es la primera vez que ocupa un espacio en los diarios: en 2008 se descubrió en un cargamento de ajo que trasladaba la empresa 625 kilogramos de cocaína. No obstante, en aquella oportunidad desde la firma culparon a los transportistas por el incidente.

Cabe aclarar que la totalidad de las firmas recibieron en su momento la sanción correspondiente (en algunos casos se llegó a la clausura), pero con esta nueva ley provincial las empresas quedan marcadas por dos años y son incluidas en el registro de infractores, por lo que no pueden recibir beneficios aunque regularicen su situación durante ese lapso.

La ley

La ley provincial N°8.374 les impide al acceso a beneficios fiscales e impositivos provinciales, o se los quita en caso de que ya los tengan, a los empleadores que incurran en las faltas previstas los incisos «e» y «g» del en el artículo 4° del Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley nacional N°25.212.

También a los que promuevan o amparen «situaciones de contratación de mano de obra que importen graves violaciones a las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo, que puedan implicar la comisión de cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los trabajadores involucrados, tipificados en los artículos 140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley Nacional N°26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Para poder acceder a los beneficios, el empleador no debe haber incurrido en infracciones de ese tipo por un lapso de dos años seguidos. En este sentido, para ser pasible de ser beneficiado deberá acreditar, mediante una certificación emanada de la autoridad competente, que no se encuentra incluido en el registro de infracciones. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplido también por todos sus directivos.

Asimismo, el artículo 2º de la ley N°8.374 establece que el empleador que incurra en las infracciones de las previstas en el artículo primero perderá automáticamente todo beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por la Provincia de Mendoza.

 

Fuente: ARN Diario.-